En esta semana la nota de la vergüenza volvió a tocar en las cabezas de los mexicanos; al menos en una parte de ellos: los que sí tiene memoria a corto plazo un poquito más eficaz que el común. Se dio porque nuestros queridos representantes ciudadanos -senadores y diputados- decidieron que, al final no: "ahorita no, joven" y nos siguieron procurando el tan bonito atole con el dedo.
Me refiero a la iniciativa ciudadana la cual, todos los que la propusieron, veían con la esperanza de hacernos parte del mundo civilizado y democrático que, dicen, impera en Occidente; pero que, al momento de presentarse a esos mismos medios democráticos -que existen para garantizar nuestra gobernabilidad y mostrar nuestra civilidad-, fue rebotada porque, todos sabemos, los humanos tenemos siempre algo qué esconder.
La ley 3 de 3, famosa por convertirse en una especie de panacea anticorrupción, se le operó en la cámara de Senadores y, luego, al pasar a la cámara baja -Diputados- terminó su cirugía y quedó sólo con la misma cara, pero con otras tetas, diferentes nalgas y ¡hasta limpiada de los dientes!
Lo digo más clarito: la propuesta echa por un grupo de ciudadanos y que, milagrosamente, llegó a oídos del Monolito Legislativo, tenía como finalidad destapar las cartas de todos los representantes electos; que nos dijeran, a la de a fuerza, cuáles eran las personas con las que podrían tener intereses - y, por tanto, las descalificaba para hacer negocios con recursos del erario público-, así como que nos dijeran de dónde viene lo que tienen y cómo es que lo llegaron a tener. Sin embargo, únicamente le dejaron el nombre a la ley pero, al parecer, desvirtuaron la causa eficiente y la causa final de la misma.
Según los medios, la bancada del PRI y su hermana la del PVEM dijeron que no, mejor otro día; y, los del PT, PRD y PAN (además de los otros chiquititos) se quedaron como la novia de pueblo y no pudieron revertir las enmiendas a los artículos 4, 29, 32 y 33 de la Iniciativa Ciudadana original; con lo cual, ni los Servidores Públicos "deberán" -en todos los sentidos de la palabra- presentar su declaración patrimonial; y, aún más, ahora los que deberán de presentarla -en las circunstancias descritas en la ley aún no promulgada- serán también los particulares que reciban -y por tanto manejen- algún recurso proveniente del erario público.
¡Eso fue una gran sorpresa para todos, sobre todo si se considera que dicha enmienda -que entremetía a ciertos empresarios que se manifestaron en contra de cómo había quedado la ley cuando la re-visaron y re-tocaron los "re-presentantes" en las Cámaras- se hizo de última hora (literalmente) y, aunque posiblemente habría sido considerada por los redactores del documento ciudadano, éstos no habían incluido tales prerrogativas porque, lo que importaba, era cortarles las manos largas a los SERVIDORES PÚBLICOS de los tres niveles de gobierno para que no anduvieran agarrando lo que no es solamente suyo.
Así las cosas, salieron todas las justificaciones para 1. rebajar la ley y 2. incluir a la iniciativa privada en las declaraciones prescritas por la misma.
Para lo primero, los senadores priistas y verdes modificaron el artículo 29 de modo que "las declaraciones patrimonial y de intereses serán publicadas salvo los rubros de publicidad que puedan afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución."
Con esta modificación es evidente que si "se afectara" la vida privada del servidor público, entonces se le recomendaría no publicar sus declaraciones y, por supuesto, una detención, proceso y condena en la cárcel por malversación de fondos es una forma terrible de afectar la vida privada; y, aún más, como está redactada la ley, la única que tendría facultad para determinar a qué chingados se refiere lo de "vida privada" y qué parte de las declaraciones atienden a ese rubro, sería la Suprema Corte: la transparencia se corta o se dificulta... al final, siempre hay algo qué ocultar.
Lo segundo, por otra parte, lo justificaron diciendo que, en una situación de corrupción, hay un "corrupto" y un "corruptor"; de este modo, se da a entender que el "corrupto" sería sólo una "víctima" del corruptor, pero igual habría qué investigar a los dos.
Al decir eso, además estarían implicando que, por una parte, intereses particulares de-hecho corrompen al servidor público y, segundo, que el servidor público o es tan estúpido, tan incompetente, tan falto de ética o simplemente tan maligno como para, de hecho, aceptar ser corrompido. Esto hace suponer, entonces, que ningún servidor público, bajo esa perspectiva, debería serlo y, luego, habría qué cambiarlos a todos por una nueva plantilla que no adolezca de los vicios antes puestos.
Pero, vamos, al final terminan dándonos atole con el dedo, nuevamente; porque, aunque en los últimos reportes los senadores que modificaron y, por tanto, pensaron en conjunto las causas que podrían hacer que recayera en el sujeto la obligación de presentar lo que tienen y de dónde lo obtuvieron, prefirieron dejar dicha responsabilidad a un tercero -en todo caso al ciudadano- para obligarlo a decírnoslo, por supuesto, con el respectivo orden que la burocracia mexicana supone; y, ésto, si a caso en algún momento dicha petición, pasa todos los candados con que las fortunas misteriosas emergen de la nada y permanecen en la oscuridad.
