@leonergo
En mayo de 2012 los estudiantes millenial que jamás nos habíamos inmiscuído en asuntos políticos, marchas o alguna protesta de corte social, salimos a las calles luego de una serie de reuniones que se llevaron a cabo entre diversos consejos universitarios: distintas ideologías en pañales, ideas socioculturales y tendencias políticas nos reunimos para discutir un tema que, de alguna manera, nos pareció importante y nos ayudó a salir de nuestra comodidad cotidiana.
Los estudiantes vimos y sentimos, casi como si fuéramos brujas, que el retorno de un dinosaurio con el que nuestros padres habían luchado y matado, no era nada bueno para nuestro país. Sin embargo, nuestras miras no alcanzaron a ver los sucesos específicos que convulsionarían la vida nacional y acabarían por darnos la razón: el retorno del PRI al poder ejecutivo, con un hombre que -inexpertos en política- nos pareció poco apto por su temple y sus maneras propias; además, claro, de su pasado turbio como gobernador del Estado de México, sería un desastre para la mayoría.
Sin embargo, nadie escuchó nuestros gritos. Y, si lo hicieron, los intereses propios fueron más pesados que nuestras voces. Ahora, pocos parecen entender la magnitud de sus decisiones en ese lejano 2012; y, los que sí lo hacen -la mayoría de ellos por intereses personales-, están realmente enojados.
Por una parte, la CNTE, esa entidad sindical que durante muchos años ha estado "luchando" por mantenerse al margen de lo dictado en el SNTE y que, a oídos sordos, muchas veces se encuentra en medio de un mar de inconformidad que va más allá de lo posiblemente humano.
En estos años, las reformas políticas han estado a la orden del día y, una de ellas, ha vuelto a dos estados de la república campos de batalla en donde parece que vale más la necedad que el desabasto: Oaxaca y Chiapas se pusieron en alerta cuando los queridos profesores afiliados a la CNTE decidieron, por sus propios huevos -o por los huevos de alguien más- cerrar los caminos al paso de mercancías. Lo anterior, como consecuencia de la mala organización que se vivió por parte de las autoridades federales y estatales al momento de retirar un contingente de la misma organización que hacía exactamente lo mismo -con camiones incendiados y violencia contra periodistas incluidos- en Nochixtlán, Oaxaca, con unos resultados lamentables. Sin embargo, tales eventos fueron provocados, a su vez, por la detención de los líderes de la Coordinadora acusados de lavado de dinero y robo de libros de texto.
Si bien es verdad que estos actos provocados por ese grupo de maestros disidentes raya en los actos que podría cometer un terrorista con tintes pasivo-agresivos, el gobierno federal, a su vez, no ha hecho en los último días nada salvo buscar resolver el conflicto por medio del diálogo; y, por supuesto, se entiende, no porque nuestro gobierno sea adepto al discutir en foros o se trate de hermanitas de la caridad que no deseen resolver las cosas rapidito y de a madrazo; sino porque, con todo lo que ha pasado, el ejecutivo federal ya no puede permitirse otro escándalo. Lo cual, me lleva al siguiente punto en la lista de descontentos: los empresarios.
Por una parte tenemos a un sector mínimo de la población docente que hace de las suyas porque no está de acuerdo con las leyes que regulan el ingreso para dar clases; ya sabes, eso de que ya no se vale vender plazas, que se debe evaluar a los profesores con un examen estandarizado, que si faltan un número determinado de días sin ninguna justificación entonces pueden ser despedidos, etc. Y, por otra, tenemos a los que son afectados por las acciones de esa población inconforme: los empresarios, quienes están viendo las consecuencias de los actos pasivos por parte del gobierno federal, pero, traducidos en cifras: casi mil ochocientos millones de pesos perdidos por el cierre de las carreteras; y, cuando se trata de hombres de negocios, si les tocas el dinero, todo puede ir muy mal.
Además de eso, no está de más traer a cuenta la trastada que le habían hecho a la Cúpula Empresarial hace poco con la tan discutida Ley 3 de 3: un par de artículos obligaban a todos los que recibieran dinero del gobierno -en todos sus niveles- a presentar declaraciones patrimoniales y de intereses. Por supuesto, ésto no les gustó a todas aquellas empresas contratadas para prestar sus servicios al sector público. Este movimiento político lo vieron como una represalia por parte de los legisladores priistas y verdes por apoyar la propuesta ciudadana y presionar para que pasara las Cámaras lo antes posible.
Sin embargo, la lista de "enemigos" que se ha hecho el gobierno en este sexenio no para ahí; si bien es claro que una parte de la población apoya propuestas y políticas emanadas del partido que ganó el poder en 2012, mucha más sale a las calles pidiendo justicia por personas desaparecidas; y, lo digo así: "personas", porque llegamos al punto en el que se deben de quitar las etiquetas: periodistas, estudiantes o detractores de los poderes gubernamentales.
A eso, por supuesto, debemos añadir los múltiples casos de corrupción que se han dado en los gobiernos estatales y la franca violencia que se ha extendido en los estados costeros. Hay que ser sinceros: muchos de esos casos ocurren sin que el gobierno federal se encuentre detrás orquestándolos; sin embargo, es necesaria su intervención para subsanarlos como el nivel máximo al que cualquier ciudadano debe atender; y eso, lamentablemente, no ha ocurrido.
La presidencia del licenciado Peña Nieto se ha vuelto un caso insostenible; las decisiones que ha tomado -o no ha tomado- quizá no han sido las más acertadas y llevaron al país a un estado muy delicado donde la volatilidad social de algunos grupos se llevó al extremo y el ambiente general se llenó de una incertidumbre que, silenciosa, carcome la tranquilidad de la sociedad y sólo nos hace preguntarnos "¿qué pasará después?"
